La propia Agencia de Protección de Datos señala que cada vez hay más concienciación sobre este tema, una premisa que certifican encuestas como las del CIS, que en su barómetro apuntaba que a un 76% de los ciudadanos le preocupa mucho o bastante la protección de datos.

De hecho, en la Agencia se ha constatado un «notable aumento» en el número de consultas recibidas en el último año.

Si en 2017 este organismo recibió casi 257.000 consultas, entre presenciales, telefónicas, accesos a preguntas frecuentes en la web de la Agencia Española de Protección de Datos, escritos y canales de información, en 2018 la cifra llegó a 755.000.

También han crecido las reclamaciones de tutela de derechos planteadas por parte de los ciudadanos a la Agencia el pasado año, de modo que se superó ampliamente la barrera de las 14.000 frente a las 10.500 de 2017.

Y en estos tiempos preelectorales, la protección de datos está aún más en boga: los partidos asumen nuevas exigencias y la propia Agencia Española de Protección de Datos ha acabado fijando con una circular unos criterios y garantías que deben seguir las formaciones políticas si van a hacer uso de los datos personales en la campaña electoral.

Ello no ha impedido que, a solicitud de asociaciones y juristas, el Defensor del Pueblo haya recurrido ante el Tribunal Constitucional el artículo de la Ley de Protección de Datos que permite a los partidos rastrear datos personales sobre ideologías y hacer perfilados.

Incidencia en las empresas y la Administración

Otro de los ámbitos en los que la nueva regulación de la protección de datos está teniendo mayor incidencia es en las empresas, que deben adaptarse y, en algunos casos, nombrar delegados de protección de datos.

A 31 de diciembre de 2018, se había tramitado la inscripción de 20.043 delegados en España: 17.296 en el sector privado y 2.747 en el público.

La Administración tampoco se libra y la normativa de protección de datos también le toca de lleno, aunque los pasos que se dan son aún tímidos porque se avanza con mucho tiento y mirando cómo se está actuando en otros ámbitos.

Lo único que está claro es que hay mejorar la custodia de los datos y las políticas de seguridad, y eso obliga a nuevos procedimientos internos, nuevos protocolos y nuevas responsabilidades.

Necesidad de fijar límites

En el plano jurídico, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y responsable de Igualdad en Jueces para la Democracia (JpD), Esther Castanedo, explica que el momento actual es muy importante porque se están «fijando los límites» de este derecho.

Y lo compara cuando hace 40 años se regulaba el derecho a la intimidad y se abrían debates sobre la privacidad, pero a otro nivel.

Castanedo incide en el campo que abren las nuevas tecnologías y, sobre todo, las redes sociales, cuyos usuarios, a menudo, exponen sus vidas, imágenes, opiniones, o intereses.

En su opinión, la Administración de Justicia «quizás, está tardando en reaccionar» ante esta realidad, y pone como ejemplo casos como la filtración de datos en el proceso de La Manada.

Y ¿puede haber una colisión entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos? La magistrada entiende que en cada caso habrá que ponderar y ver las circunstancias. «Ganará el derecho a la información siempre que sea necesario y exista una relevancia informativa», destaca Esther Castanedo

 

Fuente: 20minutos

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